La caída del imperio del ladrillo

12 enero 2010 por

Un edificio de nueva construcción será derribado por excederse en 107 metros.
El camión de la empresa encargada de la demolición.
El inicio ayer de las tareas de demolición del edificio de viviendas de Niña Guapa 23, afectado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que obliga a tirar el inmueble en su totalidad por exceder en 107 metros cuadrados la edificabilidad prevista en el PGOU, se asemejó en su primera jornada más al desmontaje de un puzzle que a una obra de derribo.

Ocho empleados de la empresa Núcleo comenzaron a primera hora de la mañana las tareas de este tajo, vigilados desde la calle por una patrulla de la Policía Local, que estará presente en este portal durante todo el tiempo que se prolongue la intervención.

Los obreros dedicaron la mañana a retirar todos los elementos reutilizables de las plantas superiores de este inmueble de nueva planta, que prácticamente no se ha usado. Puertas, rodapiés, griferías, caja y maquinaria del ascensor… Todo lo que pueda ser reciclado se almacenará. Este sistema de trabajo conllevará que la obra se alargue durante los tres próximos meses. Cuando concluyan estas tareas, el derribo comenzará por la cubierta para ir bajando progresivamente hasta la calle.

Esta situación se ha desencadenado a raíz del error de un arquitecto municipal en la suma de los metros cuadrados y la posterior denuncia en los juzgados por parte de una comunidad de propietarios vecina -Nicolás Salmerón, 32-. El intento del Ayuntamiento para convencer a la comunidad de propietarios denunciante de que aceptasen una demolición parcial de los áticos para eliminar la edificabilidad sobrante no han dado frutos.

En cinco años, desde la primera sentencia del 2004 en la que un juzgado anuló la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento, nadie ha sido capaz de solucionar este embrollo urbanístico, que mantiene realojados desde julio del 2007 a los propietarios en viviendas de alquiler por las que el Ayuntamiento ya ha desembolsado más de 150.000 euros.

En este sentido, la defensa de estos propietarios presentó hace algunas semanas una reclamación por responsabilidad patrimonial que alcanza los 3,2 millones de euros por los daños económicos y morales creados por esta causa. La concesión de esta indemnización, en esta cuantía u otra, supondría la renuncia de los afectados a residir en las viviendas que se levanten en el futuro.

Porque está claro que tras el derribo, habrá que levantar un nuevo edificio ajustado a las medidas permitidas. Es decir, gastar dinero para el derribo, para el realojamiento de los propietarios, para la nueva construcción y para la indemnización, ademas del dinero ya invertido en la construcción y las costas de 5 años de pleitos. ¿Este derribo es una locura o sólo me lo parece a mí?

Vía | El norte de Castilla.

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